Alicante, a 22 de septiembre de 2020
Sr. Iñigo Urkullu Renteria
Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz (Alava)
Estimado Sr, la Red Feminista de Derecho Constitucional hemos considerado oportuno enviarle esta carta para preguntarle cuales han sido los motivos que le han llevado a tomar la decisión de desprenderse de la competencia de igualdad y adjudicarla a la consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
La Red Feminista de Derecho Constitucional es una asociación, mayoritariamente de profesoras de Derecho Constitucional e investigadoras del derecho con perspectiva de género, y en una reciente reunión hemos debatido acerca de la conveniencia y la legalidad de situar las competencias de igualdad en una consejería modificando una política que en el país vasco se instauró desde el año 1988 con la creación de Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer.
Hemos decidido dirigirnos a Uds. porque hasta el momento no hemos encontrado una explicación convincente acerca de esta decisión que rompe con la corrección de las políticas de igualdad y también con la legalidad que estableció la ley de creación de Emakunde y la ley de igualdad del País Vasco.
Emakunde se creó como un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Presidencia o Lehendakaritza con la finalidad de alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco. Y la Ley de igualdad le atribuye la competencia de impulsar, asesorar, planificar y evaluar las políticas de igualdad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Esta adscripción a la Presidencia respondía a la aplicación de una política publica que considera que para la consecución de la igualdad es necesario la transversalidad (mainstreaming), de todas las acciones y medidas tanto fácticas como las legales, y que se ha venido implementando desde la conferencia de Beijin, con un claro impulso desde la Unión Europea, incorporado posteriormente a las respectivas legislaciones de los Estados miembros. Tanto es así que Emakunde recibió el Primer Premio de Naciones Unidas al Servicio Público 2015.
Sin embargo, el DECRETO 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, adscribe a la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el organismo autónomo administrativo Emakunde, por lo que formalmente este Decreto modifica su ley de creación y la Ley de igualdad y consecuentemente invalida la capacidad de ser un órgano transversal, así de esta manera también modifica su contenido material.
Es tan obvia la irregularidad que se ha producido, al modificar por Decreto el contenido de una ley, que se intenta buscar alguna motivación que justifique esa decisión porque parece impensable que se trate de desconocimiento jurídico. Aunque parece que alguna voz del gobierno vasco, indirectamente reconoce esta irregularidad, cuando se hace referencia a que se debe modificar
la ley, pero mientras no se modifique, a través de los procedimientos legalmente establecidos, la ley actual sigue en vigor.
Todo ello nos produce una gran preocupación porque, aunque la mayoría de nuestras asociadas no tienen la ciudadanía del País Vasco el tratamiento dado por esa comunidad autónoma a las políticas de igualdad y sus organismos eran un referente para el resto del Estado y nos resistimos a perderlo.
Esperamos una contestación sobre las cuestiones planteadas a esta carta personal, pero a la que vamos a dar la máxima difusión, para que pueda contribuir a una reflexión pública sobre la importancia de la consolidación de las políticas de igualdad y la necesidad de justificar los cambios de criterios sobre las mismas.
Atentamente,
Mar Esquembre
Presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional
